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Resumen

Para el primer ministro Shinzo Abe, cuyo gobierno entró en su séptimo año, 2019 fue un año de gran importancia en sus intentos de crear un legado político para su administración. En noviembre de 2019, Abe se convirtió en el primer ministro de mayor duración en el cargo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, superando a Eisaku Sato (1964-1972) y a Katsura Taro (de 1901 a 1906, de 1908 a 1911, y de 1912 a 1913). Esa particular característica de su gobierno no ha estado exenta de complicaciones políticas y económicas, internas y externas, que si bien han mostrado sus fortalezas y sus debilidades, le han permitido mantenerse en el cargo por tanto tiempo.

Para el primer ministro Shinzo Abe, cuyo gobierno entró en su séptimo año, 2019 fue un año de gran importancia en sus intentos de crear un legado político para su administración. En noviembre de 2019, Abe se convirtió en el primer ministro de mayor duración en el cargo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, superando a Eisaku Sato (1964-1972) y a Katsura Taro (de 1901 a 1906, de 1908 a 1911, y de 1912 a 1913). Esa particular característica de su gobierno no ha estado exenta de complicaciones políticas y económicas, internas y externas, que si bien han mostrado sus fortalezas y sus debilidades, le han permitido mantenerse en el cargo por tanto tiempo.

Internamente, los partidos de oposición no han demostrado puntos de contención notorios, que pongan seriamente en riesgo su liderazgo; han sido profundamente incapaces de formar un frente unido y se han concentrado apenas en objetar tenaz pero infructuosamente al gobierno y al partido gobernante. Tampoco en el Partido Liberal Demócrata, su partido, ha habido un claro contrincante que desafíe su poder. En el plano externo, Abe ha encontrado un apoyo “confiable e incondicional” en su “gran amigo”, Donald Trump, con quien ha jugado golf en cinco ocasiones desde que éste asumió el cargo. En esa relación, y en medio de las tensiones comerciales entre ambos países y la continua amenaza que representa Corea del Norte, la estrategia imposible de Abe ha sido mantener a su país lejos de la mira de Trump.

El recuento que aquí se presenta de los acontecimientos más destacados en el Japón de 2020 tiene como marco dicho contexto y busca definir el estado por el que atraviesa el país, en una etapa en la que prevalecen la incertidumbre económica y la sordidez política en el escenario internacional.

La posición japonesa y APEC

El 18 de noviembre de 2018, los líderes de 21 países y territorios de la Costa del Pacífico, que conforman 60% de la economía mundial, se reunieron en Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea, en la cumbre anual de la Conferencia Económica de Asia-Pacífico (APEC) para llegar a un posible acuerdo de declaración conjunta -con el objetivo de impulsar cambios sustantivos en la Organización Mundial del Comercio (OMC)- que estableciera las reglas para el comercio y penalizara a las naciones que las incumplieran. En los últimos cinco años, por lo menos, los países miembros de la OMC no han podido llegar a acuerdos sobre la liberalización del comercio, y la organización se encuentra ante un grave peligro de atrofia.

La atrofia para el libre comercio no es exclusiva de la OMC; APEC mismo ha enfrentado situaciones similares sobre su presente y su futuro, y no es un atrevimiento pensar que en los últimos cinco años la Conferencia Económica ha sido hasta cierto punto irrelevante si las naciones en desarrollo continúan por detrás de la globalización y del libre comercio y si no se resuelve el enfrentamiento entre las dos potencias económicas mundiales: China y los Estados Unidos. La gravedad se centra en el hecho de que dos tercios de los miembros de APEC reclaman para sí la condición de nación en Desarrollo, con lo cual sacan provecho de los beneficios y exenciones que no se les otorgan a las economías avanzadas.

La reunión cumbre de APEC de 2018, sin embargo, no emitió ninguna declaración de líderes, como se había hecho después de cada reunión anual de APEC desde 1993. La razón fundamental, explicada por el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter O’Neill, en la conferencia de clausura de la cumbre APEC, fue clara y contundente: el desencuentro comercial de “los dos grandes gigantes de la sala”. De ahí que las principales cuestiones y debates que involucraban asuntos como el presente y el futuro de la OMC y su reforma fueron impugnados porque, simplemente, ambos estaban fuera de la esfera de la actividad y competencia de APEC.

Los líderes estadounidenses y chinos, por su parte, intercambiaron indecorosas pullas. Mientras que Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, declaraba que Washington seguiría acelerando los aranceles punitivos sobre Beijing a menos que este último rectificara su práctica comercial, el presidente chino Xi Jinping cuestionaba la política proteccionista de Trump, al aseverar que, hoy en día, los países se enfrentan a una elección de cooperación o confrontación en la medida en que se propagan el proteccionismo y el unilateralismo. Xi expresó también su apoyo al sistema mundial de libre comercio que ha apuntalado el ascenso de su país a la segunda economía más grande del mundo después de la de los Estados Unidos. “La humanidad ha vuelto a llegar a una encrucijada? -señaló Xi- ¿Qué dirección debemos elegir? ¿Cooperación o confrontación? ¿Abrir o cerrar las puertas? ¿Ganar-ganar o un juego de suma cero?” ( “Estados Unidos y China intercambian pullas”, 2018 ).

En ese particular contexto se dio la intervención del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien destacó la importancia de la aplicación de las normas de la OMC frente al aumento mundial de medidas proteccionistas. Durante su discurso en la cumbre de APEC en Port Moresby, Abe hizo hincapié en el papel del Japón como abanderado del libre comercio e instó a los Estados Unidos y China a ejercer la autocontención en su guerra comercial. El primer ministro Abe fungió como el mediador que busca equilibrar las dos economías más grandes del mundo (“El primer ministro Abe hace hincapié en las normas sobre el libre comercio”, 2018).

El primer ministro japonés prometió que su país contribuiría al crecimiento económico de Asia y el Pacífico en su conjunto, y señaló que Japón se había beneficiado de normas comerciales internacionales libres y justas. Abe también subrayó el compromiso del Japón de reformar la OMC, calificándola como la piedra angular del sistema multilateral de comercio. En cuanto a la Zona de Libre Comercio de Asia y el Pacífico (FTAAP) -iniciativa para crear una zona de libre comercio dentro de la región de APEC-, Abe declaró que Japón trabajaría para lograr el gran marco para la consolidación del pacto de libre comercio de la Asociación Transpacífico (TPP) y el de la Asociación Económica Integral Regional, también conocida en japonés como “Asociación Económica Integral para Asia Oriental”, RCEP, en la que participan 16 países.1

En cuanto al desarrollo de infraestructura en la región del Indo-Pacífico, Abe señaló la necesidad de una apertura a la inversión, la transparencia y la eficiencia económica, así como la importancia de la salud fiscal en los países receptores y tener una relación “ganar-ganar”. La declaración de Abe siguió escrupulosamente la línea marcada por el gobierno de Trump, orientada a mantener a China bajo control y monitoreo constante mediante la sustentabilidad de la inversión en infraestructura, en una clara alusión a la ofensiva de préstamos que Beijing desarrolla con algunos países del Pacífico Sur y que “contribuye al incremento de su deuda” (“APEC no logra llegar a un consenso”, 2018).2 De esa manera, la competencia entre los Estados Unidos y China sobre el Pacífico estuvo en los reflectores en la reunión de Papúa Nueva Guinea, como respuesta de los países occidentales para enfrentar el programa Belt and Road de China, con un financiamiento conjunto de programas cercanos a los 1 700 millones de dólares en electrificación y el proyecto de Internet, principalmente en países del Pacífico Sur (Papúa Nueva Guinea, Tuvalu y Tonga).

En relación con las disputas entre China y los Estados Unidos, la cumbre sirvió para hacer pública la intención de que Trump y Xi buscarían puntos en común y mayores acercamientos en una reunión bilateral al margen de la cumbre del Grupo de los 20, a celebrarse en Buenos Aires, Argentina, pero, por lo pronto, en la reunión cumbre de Port Moresby no estuvieron dispuestos a ceder. A pesar de la guerra arancelaria, la economía estadounidense no sufría por los aranceles impuestos por China. Sin embargo, Washington exigía que Beijing mejorara el acceso a los mercados y redujera las protecciones de propiedad intelectual para las empresas estadounidenses, así como la reducción de subsidios industriales y la brecha comercial de 375 000 millones de dólares en favor de China.

Por su parte, el crecimiento económico chino se estaba desacelerando y una guerra comercial prolongada sería aún más perjudicial para la economía mundial. La expansión de las importaciones de bienes estadounidenses y la desregulación de la inversión extranjera como base para alcanzar avances económicos importantes se estaban viendo truncadas por los aranceles norteamericanos, que en esos meses habían alcanzado los 250 000 millones de dólares.

Además, también era difícil que Beijing aceptara las presiones para revisar su apoyo a las industrias nacionales y otras medidas que afectaban sus estrategias de crecimiento de referencia. El orgullo chino como superpotencia obstaculizaba cualquier medida de compromiso en la medida en que, si China retrocedía de su postura de ir en contra de la administración Trump, su estrategia global se vería afectada sensiblemente.

La cumbre de APEC se distinguió por un notorio desacuerdo, marcado por las disputas entre los Estados Unidos y China sobre el comercio, la seguridad y, sobre todo, por ver cuál de los dos países es ahora, y en el futuro cercano, el mejor socio de inversión para la región. En una declaración pública, dos días después de finalizada la cumbre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que la incapacidad para llegar a un comunicado no fue “de ninguna manera accidental” y que “no estaba en consonancia con el principio de consenso aglutinado en los principios básicos de APEC”. A pesar de la declaración, la fuente del conflicto mantuvo un ritmo ascendente en la lucha por lograr la hegemonía regional y global.

Al incrementarse las presiones y los enfrentamientos entre las dos potencias, la fuente de conflicto siguió en ascenso durante 2019. Los conflictos, en esta ocasión, tuvieron un ingrediente que involucró, de forma tangencial, a países latinoamericanos y, sobre todo, a Chile, que tenía programada la cumbre APEC, a celebrarse en noviembre de 2019.

En efecto, por razones de política interna en Chile, la cumbre APEC fue cancelada. Ésta ha sido la primera ocasión en que se cancela esa cumbre desde que las reuniones se convirtieron en un evento regular. El gobierno chileno explicó que era difícil garantizar la seguridad de los participantes de la conferencia ante el aumento de la violencia en el país, producto del alza de la tarifa del metro que desató violentas manifestaciones antigubernamentales.

La cancelación de la cumbre APEC, como espacio donde los líderes de 21 países y regiones pueden intercambiar opiniones una vez al año, fue una mala señal para mantener el optimismo en el desarrollo y el multilateralismo de la economía mundial, cuya fuente principal, sin duda alguna, continuó siendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No sólo retiró a su país del pacto de libre comercio de la Asociación Transpacífica (TPP) y del Acuerdo de París sobre el cambio climático, sino que ha llevado al extremo su política de “América Primero” en los distintos foros multilaterales en los que participan los Estados Unidos, incluida a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si los marcos multilaterales se basan en el principio de que todos los países participantes comparten intereses y se complementan entre sí, lo que conduce a la coexistencia y la coprosperidad, cuando las grandes potencias se apartan de ellos con medidas unilaterales y hasta coercitivas se sientan las bases para la inseguridad, la desconfianza y la incertidumbre. Ése ha sido el caso del líder estadounidense desde que asumió su cargo y ésas han sido las consecuencias de su política económica internacional.

Otras potencias como Rusia, que se ha anexionado la península de Crimea, y como China, que está haciendo del mar de China meridional un centro militar, anteponen sus propios intereses nacionales sobre la cooperación multilateral internacional. Japón, que se ha desarrollado gracias a los beneficios del libre comercio y al que los marcos multilaterales le proporcionaron bases muy sólidas para respaldar el libre comercio, también ha tenido que acoplarse eventualmente a un mundo que ha dejado atrás las buenas intenciones y los compromisos que representa, por ejemplo, APEC. Cualquier debilitamiento de las estructuras que marquen compromisos de carácter multilateral y de voluntad política conjunta dañará los intereses nacionales internacionales de Japón y podría situarlo involuntariamente en esquemas que satisfagan el lema “America First”. Hasta ahora, Tokio ha hecho los esfuerzos diplomáticos necesarios para mantener y promover la cooperación internacional y así lo demuestra su participación en distintos foros internacionales, pero eso no ha evitado un mayor acercamiento con los Estados Unidos.

El acuerdo entre Japón y la Unión Europea

Para Japón, APEC no es irrelevante en el largo plazo. Sin embargo, en el día a día, existen otras prioridades, acaso más apremiantes, que marchan a la par de esa conferencia y que, al igual que APEC, se relacionan con el comercio y la economía internacional en tiempos de turbulencia. En ese contexto, el 1º de febrero de 2019 entró en vigor el acuerdo de asociación económica entre Japón y la Unión Europea (UE), creando una enorme zona de libre comercio con una población total de unos 640 millones de personas y representando alrededor de 30% del producto interno bruto mundial.

A medida que las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China han empezado a tener impactos negativos en la economía mundial, el acuerdo Japón-UE demuestra la importancia del libre comercio. El gobierno japonés estima que este acuerdo elevará el producto interno bruto real de la nación en alrededor de 2.5% (alrededor de 13 billones de yenes) y que se crearán unos 750 000 nuevos puestos de trabajo (“La asociación económica de Japón y la Unión Europea”, 2019).3

Con el acuerdo, Japón y la Unión Europea se prepararon para iniciar, respectivamente, negociaciones bilaterales a gran escala sobre acuerdos comerciales con los Estados Unidos y esperaban que su Acuerdo de Asociación Económica (AAE) les diera una mejor posición negociadora en esas conversaciones. El AAE entre Japón y la UE significó que las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y otros productos a Japón estarían en desventaja en comparación con los bienes de la UE debido a los aranceles. En el marco de ese AAE, Japón eliminará los aranceles sobre aproximadamente 94% de sus importaciones procedentes de la UE, y la UE eliminará los aranceles sobre 99% de sus importaciones procedentes de Japón. Los principales supermercados y otras tiendas de Japón redujeron de inmediato los precios del vino francés y de otro tipo y reforzarán las ventas de alimentos producidos en Europa mediante la creación de secciones dedicadas a estos productos.

Además de los bienes y productos, el acuerdo Japón-UE reforzará los lazos en una amplia gama de ámbitos, incluidos los servicios y la propiedad intelectual. El acuerdo también prohíbe la imposición de aranceles a la transmisión de datos electrónicos y los Estados de ambas partes protegerán las “indicaciones geográficas” que establezcan los derechos de propiedad intelectual de los productos agropecuarios. Asimismo, Japón y la UE consideraron que el nivel de protección dado a la información personal por Tokio y Bruselas es el mismo, por lo que permiten a ambas partes llevar información personal a través de las fronteras.

En 2018, la UE implementó el Reglamento General de Protección de Datos, que reforzó la protección de la información personal. El AAE facilitará a las empresas con operaciones en Japón y Europa el manejo de los datos. También en el mes de octubre, Japón y la UE concretaron una asociación de conectividad para la cooperación mutua. La iniciativa ratificó su compromiso de construir infraestructuras de calidad en los países en desarrollo, llenar un vacío de liderazgo creado por la reducción del perfil multilateral de los Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump y equilibrar las acometidas de China en su Belt & Road Initiative (B&RI).

Europa ha llegado a la conclusión de que sus relaciones con Asia han sido muy débiles a pesar del diálogo político Europa-Asia (en el marco del Asia-Europe Meeting o ASEM), establecido desde 1996, porque careció de sustancia.4 Esa carencia adquirió mayor importancia en medio del impulso para desarrollar infraestructura en todo el mundo proveniente de China. En 2013, por ejemplo, con el lanzamiento de la iniciativa Belt y Road para vincular Europa y Asia, China incluyó a África, al Oriente Medio y a Asia Central; cerca de 60 proyectos chinos alcanzaron incluso a América Latina en un esquema estratégico que supuso una inversión de billones de dólares y estuvo respaldado por más de 150 países y organizaciones internacionales. Japón, por su lado, también ha tratado de equilibrar los bríos de China, ofreciendo 110 000 millones de dólares a través de su Iniciativa de Inversión de Alta Calidad, y Tokio ha desarrollado asociaciones con los Estados Unidos y Australia para aprovechar esa cooperación.

El acuerdo entre Japón y la UE refleja el deseo de Europa de unirse a esa iniciativa. Europa ya había decidido gastar 60 000 millones de euros (65 000 millones de dólares) en un plan de conectividad UE-Asia que incluyera inversionistas públicos y privados. Los valores y principios que animan la asociación entre Japón y la UE tienen tras de sí la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades, es decir, lo contrario a lo que simboliza y pregona China en el mundo. Esos valores y principios buscan desafiar los enormes préstamos chinos y subrayar la creciente evidencia de que la ayuda china ha sido una carga muy pesada para muchos beneficiarios, que los ha obligado incluso a ceder activos y soberanía para pagar deudas.

Para que el programa tenga éxito, Tokio y Bruselas han planeado hacer tres cosas fundamentales. En primer lugar, asegurar el financiamiento. En segundo, Japón y la UE deben ser coherentes en la aplicación de sus principios y comprometerse con los valores que defienden para guiar sus políticas y erradicar la retórica vacía. Por último, la UE y Japón deben desarrollar una política coherente hacia China. Las relaciones internacionales están evolucionando y los países que tratan de dar forma a la política exterior deben guiarse por la estrategia. Esa necesidad parece ser más urgente que nunca, ya que los Estados Unidos y China se han enfrascado en desatar una guerra fría de alta tecnología.

Japón no ha elaborado una estrategia de enfoque similar definida, sino que está cooperando con Beijing en algunos aspectos y compitiendo en áreas clave. Tokio debe articular su propia política para tener un marco global que involucre a Bruselas, con el que trabaje en Asia y en puntos intermedios, que contenga a China en sus avances en el continente y que, al final, satisfaga los deseos de Donald Trump de poner a los Estados Unidos en el primer lugar. No es una tarea sencilla para un gobierno como el de Shinzo Abe, tan cuestionado internamente pero con apoyos políticos que lo ubican como el primer ministro de más larga duración en el cargo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El acuerdo con los Estados Unidos

Desde septiembre de 2018, los gobiernos japonés y estadounidense habían decidido firmar un nuevo acuerdo comercial en el contexto de los compromisos entre Tokio y Washington, y, sobre todo, conforme al deseo del presidente estadounidense Donald Trump de obtener resultados antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Para Trump, el simple anuncio de acuerdo fue todo un espectáculo: “Es una transacción muy grande, y hemos estado de acuerdo en principio. Son miles y miles de millones de dólares. Es algo tremendo para los agricultores”, dijo Trump en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro Shinzo Abe durante la cumbre del Grupo de los Siete el 26 de agosto de 2019 (“Japón y los Estados Unidos buscan firmar un acuerdo comercial”, 2019).

La conferencia de prensa conjunta entre Abe y Trump, en la que se anunció el acuerdo, fue convocada abruptamente y sin aviso previo a los periodistas japoneses, y se decidió a petición del equipo estadounidense sin que importara la reacción de su contraparte japonesa.

El inicio de esas conversaciones a nivel ministerial se había dado, sin embargo, desde abril de 2018, y, desde entonces, los Estados Unidos adoptaron una postura firme para exigir que Japón se rindiera unilateralmente y abriera sus mercados a los productos agrícolas norteamericanos, a las carnes de res y de cerdo estadounidenses. Washington nada ofreció a cambio y rechazó la solicitud de Tokio de abolir un arancel de 2.5% para los automóviles, a lo cual se había comprometido antes de retirarse del TPP y es la fuente de la mayor parte del déficit comercial estadounidense, de 67 000 millones de dólares, con Japón. En ese entonces, los Estados Unidos habían acordado eliminar su arancel de 2.5% a los automóviles japoneses durante 25 años. Japón cedió a las demandas agrícolas de Washington y cambió su enfoque de la demanda sobre los aranceles automotrices a maquinaria y otros productos industriales en su conjunto. La estrategia de Japón era lograr un daño menor para resolver las diferencias entre ambos países y permitir que Trump se llevara todo el crédito de su éxito ante el electorado norteamericano.

Un acuerdo comercial entre Japón y los Estados Unidos generalmente entra en vigor después de que la Dieta y el Congreso de los Estados Unidos lo aprueban, y, para el caso japonés, la Dieta lo hizo el 4 de diciembre y entrará en vigor el 1o de enero de 2020, después de los ajustes necesarios. El pacto fue aprobado por mayoría de votos en una sesión plenaria de la Cámara de Consejeros, con el apoyo Partido Liberal Demócrata y su aliado en el gobierno, el Partido del Gobierno Limpio (Komeito), como respaldo a la aprobación previa efectuada por la Cámara de Representantes en el mes de noviembre.

Sobre la base del acuerdo comercial, Japón abrirá su mercado agrícola dentro de los niveles que prometió, en virtud del acuerdo multilateral de libre comercio de la Asociación Transpacífica, que entró en vigor a finales de 2018. Por ejemplo, los aranceles de Japón a la carne de res estadounidense, que se sitúan en 38.5%, se reducirán por etapas hasta que la tasa llegue a 9% en el año fiscal 2033. Los Estados Unidos, por su parte, abolirán o reducirán sus aranceles sobre una amplia gama de productos industriales procedentes de Japón, pero no eliminarán sus aranceles sobre los automóviles japoneses y sus partes. Cuatro meses después de la entrada en vigor del acuerdo, Tokio y Washington debatirán si inician negociaciones sobre un acuerdo comercial bilateral más amplio. La Dieta también aprobó un acuerdo paralelo entre ambos países el cual establece reglas sobre el comercio digital, incluido el comercio electrónico, y les prohíbe a los dos gobiernos obligar a las empresas a divulgar tecnologías digitales e información relacionada.

En ese sentido, de acuerdo con la información publicada por Reuters y Kyodo, algunos funcionarios de la industria tecnológica de los Estados Unidos consideraron que el acuerdo de comercio digital con Japón estaba alineado con las disposiciones del nuevo acuerdo firmado entre los Estados Unidos, Canadá y México (USMCA), que ajustan el modelo estadounidense para el desarrollo de Internet. Las disposiciones de la USMCA, según Reuters, tienen por objeto garantizar el libre flujo de datos a través de las fronteras sin impuestos, prohibir los requisitos de localización de servidores de datos y limitar la capacidad de los gobiernos para exigir la divulgación del código fuente por las empresas que regulan.

Para la opinión pública japonesa, por otra parte, será difícil aceptar la afirmación del primer ministro Shinzo Abe de que el acuerdo comercial entre Japón y los Estados Unidos es un acuerdo de “ganar-ganar”. El acuerdo incluye una sección en la que se dice que los aranceles estadounidenses a los automóviles y las partes de automóviles procedentes de Japón se eliminarán mediante nuevas negociaciones, pero no especifica cuándo. Aun así, la inclusión de esa sección le da ánimo a Abe para subrayar que ha recibido confirmaciones claras de Trump de que no impondrá aranceles adicionales a los automóviles japoneses y a los productos conexos (“Abe le debe una explicación a Japón”, 2019). A fines de 2018, sin embargo, mientras Tokio y Washington estaban involucrados en las conversaciones comerciales bilaterales preparatorias, sin mediar análisis concretos, el gobierno de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que las importaciones de automóviles procedentes de Japón y otros países representaban una amenaza para su seguridad nacional y tomaron la decisión de imponer aranceles adicionales sobre estas importaciones.

Para los fabricantes de automóviles japoneses las preocupaciones son mayores e instaron a los funcionarios del gobierno a hacer más para apoyar a la industria después de la firma del acuerdo ante el difícil panorama del sector. En una reunión con el ministro de comercio japonés y altos funcionarios, el presidente de Toyota Motor Corp., Akio Toyoda, quien también dirige la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón, señaló que “La industria automotriz enfrenta desafíos extremadamente difíciles en medio del aumento del yen, el impacto del aumento del impuesto sobre las ventas y otras incertidumbres ]…[ esperamos que el gobierno japonés entienda la grave situación y que nos proporcione más apoyo para ayudar a la industria automotriz a fortalecer su competitividad y crecer como una industria estratégica” (“El gobierno de Japón da la bienvenida al pacto comercial de Estados Unidos”, 2019). A Japón, y a sus sectores más dinámicos en términos económicos, les preocupa que Trump, la mayor fuente de incertidumbre mundial, imponga nuevos aranceles a los automóviles, que conforman una cantidad significativa de sus exportaciones a los Estados Unidos.

Otro sector que verá consecuencias importantes tras la firma del acuerdo con los Estados Unidos es el agrícola. Las exportaciones japonesas de productos agrícolas, forestales y pesqueros y alimentos crecieron 12.4% en 2018, en comparación con el año anterior, a 906 800 millones de yenes y alcanzaron un récord por sexto año consecutivo. El gobierno japonés se había fijado el objetivo de aumentar esas exportaciones a un billón de yenes para 2019 y el objetivo se cumpliría si las exportaciones este año hubieran aumentado a un ritmo similar al de 2018. La consecución de ese objetivo se verá frenada por las incertidumbres que produce la economía china, la segunda economía más grande del mundo, y la incertidumbre que genera Trump.

En gran parte, el auge de las exportaciones de carne de res se debió a la popularidad de la cocina japonesa en el extranjero y al hecho de que Taiwán reanudara las importaciones procedentes de Japón. En efecto, en septiembre de 2017 Taiwán eliminó su prohibición a las importaciones de carne de res procedentes de Japón, introducida a raíz del brote de la enfermedad de las vacas locas, formalmente llamada encefalopatía espongiforme bovina (EEB) desde septiembre de 2001.

Los agricultores japoneses expresaron su preocupación después de que Abe anunciara el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Éstos han insistido al gobierno que imponga salvaguardias contra un posible aumento de las importaciones agrícolas estadounidenses que perjudicaría la producción nacional. Tokio también importará 2.5 millones de toneladas adicionales de maíz de los Estados Unidos para utilizarlos como piensos y las empresas privadas aumentarán sus planes de importación. El hecho de que las reducciones arancelarias a los productos estadounidenses no vayan más allá de las previstas en la Asociación Transpacífico resulta un poco más soportable, porque en el marco del TPP Japón reducirá gradualmente su arancel de 38.5% sobre la carne de res a 9%. Parece, al final, que los Estados Unidos tienen todo lo que querían y es extraño que ninguno de los detalles del acuerdo básico se haya hecho público incluso después de su anuncio.

La seguridad de Japón en tiempos de Donald Trump

En los términos de la relación con Trump, es interesante revisar la postura de Japón sobre la defensa nacional en respuesta a los cambios en el entorno de seguridad internacional y en el país. Por ejemplo, las Directrices del Programa de Defensa Nacional y el Programa de Defensa a Mediano Plazo de 2019 fueron aprobados por el gabinete con el propósito de actualizar el gran diseño de la defensa de la nación.

Las amenazas derivadas de la expansión militar de China y los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte se han intensificado sustancialmente durante los últimos cinco años.5 En la actualidad, el gobierno japonés intenta planificar ataques a satélites en el espacio o ataques cibernéticos destructivos en redes de información a medida que la ciencia y la tecnología avanzan. En ese contexto, las directrices de defensa introdujeron el concepto de “defensa integrada multidimensional”, capaz de contrarrestar el espacio, el ciberespacio y las amenazas electromagnéticas, además de las esferas militares convencionales de defensa aérea, terrestre y marítima. Los programas concretos para preparar unidades y equipos para esas nuevas amenazas, como el establecimiento de una fuerza especial, dan una idea de cómo entender la dirección básica hacia la que se dirige el gobierno de Abe con el apoyo condicionado de Donald Trump.

Hasta hoy en día, la política básica de Japón se ha centrado en la autodefensa basada en el artículo 9 de la Constitución, que renuncia a la guerra y prohíbe la posesión de potencial de guerra, y algunos de los principales programas incorporados en las nuevas directrices plantean preguntas cruciales sobre su compatibilidad con esta postura tradicional. Un ejemplo es la mejora de los portahelicópteros en buques de guerra de la clase Izumo para transformarlos en buques con capacidades para portar aviones. El plan consiste en mejorar la cubierta para permitir el despliegue de aviones de combate capaces de despegar en distancias cortas o en aterrizajes verticales.

Bajo la actual interpretación del gobierno a propósito del artículo 9, poseer “portaaviones de ataque” se considera estar en contra del enfoque del principio de autodefensa. Pero tampoco hay que desestimar el argumento de que los portaaviones son indispensables para defender el mar del Japón y las islas remotas en el Pacífico, porque China ha desplegado sus portaaviones en esas regiones. La implementación de una política de defensa puede cambiar dependiendo de la forma de la amenaza.

La misma evaluación se refiere a los misiles de crucero de largo alcance que se introdujeron en el presupuesto para 2019. El gobierno desarrolla ahora misiles de largo alcance bajo el nuevo plan, y su justificante consiste en que esos misiles son necesarios para proteger las islas remotas, pero también se pueden utilizar, sin duda, para atacar bases enemigas en otros países. El desarrollo de esa capacidad ha sido encabezado por el Partido Liberal Demócrata para su inclusión en las directrices de defensa, con la intención de seguir adelante en la adquisición de los equipos necesarios bajo diferentes justificaciones.

Otro factor que cambia la política japonesa de centrarse únicamente en la autodefensa es el declive de la presencia estadounidense en la región con el surgimiento de nuevas potencias, incluida China. Bajo la tradicional alianza Japón-Estados Unidos, Japón se ha centrado en hacer y mantener un escudo para protegerse y ha aplazado el papel, porque la Constitución se lo exige, de contraatacar a los adversarios de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos han exigido una revisión de este acuerdo de reparto de cargas, y la presión se está intensificando desde que Donald Trump llegó al poder en 2017.

Por ejemplo, Trump solicitó a Japón cuadruplicar sus gastos para el mantenimiento de las fuerzas estadounidenses estacionadas en su territorio. Washington quiere que Tokio aumente los pagos anuales de las 54 000 tropas estadounidenses en Japón a unos 8 000 millones de dólares antes de la expiración del acuerdo de seguridad entre ambos países en marzo de 2021 o el tratado no se renovará. La demanda fue hecha a los funcionarios japoneses durante un viaje a la región en julio por de John Bolton, en ese momento asesor de seguridad nacional de Trump, y Matt Pottinger, que entonces era el director de Asia para el Consejo de Seguridad Nacional.6

En respuesta a esta presión del presidente Trump, que está decidido a reducir el déficit comercial de los Estados Unidos con Tokio, Japón está pagando mucho más de un billón de yenes para comprar 105 aviones de combate F-35 desarrollados por los Estados Unidos, incluyendo 42 F-35B que pueden ser desplegados en portaaviones. El gobierno también ha decidido aprobar la introducción del sistema de defensa antimisiles desde tierra tipo Aegis. La revisión de las directrices de defensa fue hecha para que los gastos de defensa pudieran ser justificados. Como resultado, la postura tradicional de buscar la defensa con compras moderadas ha desaparecido y el gasto de defensa japonés, estimado de cinco años del año fiscal 2019, se ha disparado a 27.47 billones de yenes, es decir, casi tres billones de yenes más.

El gobierno japonés también intensificó las compras de aviones militares estadounidenses de última generación bajo el programa de ventas militares extranjeras de Washington. El Ministerio de Defensa de Japón buscó 501 300 millones de yenes en el presupuesto para el año fiscal 2020. El importe fue menor en 200 000 millones de yenes de la suma destinada al presupuesto del año fiscal 2019, que incluía fondos para la introducción del sistema de defensa antimisiles desde tierra tipo Aegis, fabricado en los Estados Unidos, pero ha superado, en más de 90 000 millones de yenes, al importe presupuestado para año fiscal 2018 (“Los costos de defensa de misiles a tierra del Aegis”, 2018).

En Japón se critica muy a menudo la adquisición de equipos de defensa, porque los procedimientos contractuales son liderados fundamentalmente por la parte estadounidense y los costos de adquisición tienden a subir. La solicitud de fondos del Ministerio de Defensa para el año fiscal 2020 incluye 112 100 millones de yenes para la compra de cuatro aviones de reabastecimiento aéreo y transporte KC-46A fabricados por Boeing Co. La compra del KC-46A será parte del programa de acumulación de defensa a mediano plazo del gobierno para el año fiscal 2023, muy a pesar de que Japón ya posee cuatro aviones cisterna Boeing KC-767, desplegados en la base Komaki de la Fuerza de Autodefensa Aérea. El Ministerio de Defensa también pidió fondos para adquirir seis F-35B, que cuestan 14 000 millones de yenes cada uno, en el marco de las Foreign Military Sales (FMS) (Ventas Militares Extranjeras) a Japón. Los destructores de la clase Izumo de la Fuerza de Autodefensa Marítima están clasificados para ser convertidos en portaaviones que puedan albergar a los F-35B. Ese año, cuando se haga la entrega del total del pedido, los aviones cazas estarán desplegados en instalaciones de la prefectura de Miyazaki, con la misión de defender las islas del sudoeste del país.

El debate para reformar el artículo 9 de la Constitución

Sin duda, la obediencia a la Constitución ha ayudado a afianzar el respeto de la soberanía popular japonesa, le ha dado prestigio a su pacifismo y ha servido de base para el espectacular desarrollo económico en la posguerra. La Constitución no se ha modificado en sus 72 años de vida, pero los tiempos y las circunstancias externas están cambiando y Japón7 se está viendo orillado a tomar una decisión sobre cómo lidiar y mantener intacta la ley suprema o revisarla para adaptarse a una nueva era.

Durante la era Heisei se avanzó en los debates sobre el “tabú” que significaba la revisión constitucional. El punto de inflexión a ese respecto ha sido, hasta ahora, la Guerra del Golfo en 1991. En ese entonces, el gobierno trató de avanzar en torno al envío de las Fuerzas de Autodefensa para contribuir con el personal de las Fuerzas de Pacificación de las Naciones Unidas, pero el artículo 9 de la Constitución, que prohíbe el uso de la fuerza, sirvió como gran obstáculo.

Ahora bien, desde que Abe regresó al poder en 2012, ha puesto en su agenda política la revisión constitucional, y el artículo 9, huelga decirlo, está en el centro de esos debates. Ante el incesante agobio de Trump, es hasta cierto punto comprensible que el gobierno tenga como objetivo borrar la creencia de que las Fuerzas de Autodefensa son inconstitucionales para aclarar su legitimidad, pues garantizan la seguridad y la tranquilidad del país.

De acuerdo con su propuesta, desde julio de 2019 Abe solicitó a los bloques gobernantes y de la oposición que avanzaran en las discusiones sobre las revisiones constitucionales en las comisiones pertinentes de ambas cámaras de la Dieta. De acuerdo con el discurso de Abe, “El PLD debe movilizar toda su energía para promover con fuerza nuevos esfuerzos de construcción de la nación en la era Reiwa” (“En cuanto a las enmiendas constitucionales”, 2019). Los votantes han dictado el veredicto de que debería haber al menos discusiones sobre las revisiones de la Constitución. Simultáneamente, Abe instó a la oposición a participar en los debates sobre la reescritura de la ley superior, y dijo querer idear un proyecto de revisiones que pudiera ser apoyado por dos tercios de los legisladores, un requisito para proponer cambios constitucionales.

El presente y el futuro de la sucesión imperial

El cambio de era imperial ha traído consigo la necesidad de examinar con detenimiento una cuestión de gran importancia para mantener el sistema imperial y abordar los asuntos de sucesión de forma transparente, porque este sistema japonés está en riesgo. El 30 de abril de 2019, el emperador Akihito abdicó como máxima figura del Imperio japonés y, con ello, puso fin a los más de 30 años de la era Heisei bajo su reinado; también allanó el camino para la entronización de su hijo, el emperador Naruhito, y dio paso al lanzamiento de la nueva era Reiwa. A diferencia de la era Showa, recordada por los tiempos en que Japón experimentó la devastación de la Segunda Guerra Mundial, pero también la reconstrucción y la prosperidad de la posguerra, Heisei, a pesar de su significado de “paz universal”, fue, de hecho, una era no menos turbulenta.

Japón pasó, con ella, por una prolongada crisis económica, así como por la transformación a largo plazo de su economía, que fue golpeada por una serie de grandes desastres naturales. En el exterior, el fin de la Guerra Fría fue seguido por nuevas formas de lucha según un nuevo orden internacional y una guerra prolongada contra el terrorismo. Los desafíos estructurales a los que se enfrenta Japón hoy en día, en particular el envejecimiento de su población y la disminución de la tasa de natalidad que amenazan con cambiar la estructura étnica de la nación, no desaparecerán con la transición hacia la nueva era Reiwa.

Heisei también fue una era en la que Akihito, que en 1989 se convirtió en el primer emperador en ascender al trono bajo la Constitución de 1947, mantuvo el carácter del emperador como “el símbolo” del Estado y la unidad del pueblo. Desde entonces, el emperador se comprometió a honrar la Constitución y cumplir con sus deberes de acuerdo con la ley suprema.

La abdicación del emperador Akihito fue la primera de su tipo en más de 200 años -una medida que no se encuentra prevista en las reglas de sucesión de la Ley de la Casa Imperial y la primera bajo el régimen constitucional moderno de Japón, nacido en 1947, durante la ocupación norteamericana-, lo que requirió la promulgación de una legislación especial aplicada al emperador que se retira. En ese sentido, la cuestión del papel que el emperador debe desempeñar como símbolo del Estado y como producto de una línea sucesoria ininterrumpida son un tema que ha abierto muchas discusiones en distintos sentidos. Una discusión, acaso de mayor gravedad, ha sido la posibilidad de modificar el sistema imperial para ajustarlo a las realidades del linaje sucesorio.

El mayor dilema para el sistema del emperador como el símbolo del Estado japonés es que están disminuyendo los posibles herederos al Trono del Crisantemo de una manera preocupante e inexorable. Bajo las reglas actuales de sucesión, el príncipe Hisahito, de 12 años de edad y sobrino del ahora emperador Naruhito, deberá de soportar la carga de perpetuar a la familia imperial, incluyendo la elección de la mujer que será su esposa. Esa dependencia de un solo miembro masculino para perpetuar el sistema del emperador ha sido un dolor de cabeza para el sistema imperial en las últimas décadas. Y, sin embargo, el Primer Ministro Shinzo Abe, cuya base de apoyo conservador insiste en el sistema sólo para hombres, ha evitado cualquier discusión sobre el tema y mantiene su visión de que la familia imperial siga floreciendo tal y como está.

Hoy en día, en la casa imperial japonesa sólo hay siete miembros de la extensa familia menores de 30 años, seis de ellos son mujeres, y cada princesa, cuando se une en matrimonio, pierde su estatus imperial. En 2002, el gabinete del primer ministro Junichiro Koizumi consideró la opción de permitir una emperatriz o un emperador de linaje femenino. Para esta última opción se requería reconocer la elegibilidad de los descendientes de una mujer emperatriz en la sucesión al trono. Sin embargo, no hay ejemplos históricos de un emperador con esas características en la historia de Japón y, además, la oposición a esa propuesta fue muy fuerte entre los miembros más conservadores dentro del partido gobernante, el Partido Liberal Demócrata.

En noviembre de 2011, el gabinete del entonces primer ministro Yoshihiko Noda, del Partido Democrático, propuso también el concepto de familia real femenina, un sistema bajo el cual las mujeres podrían permanecer en la familia imperial y crear su propia casa imperial. La idea fue criticada inicialmente por Shinzo Abe, desde la oposición, y promovió, en cambio, permitir que los miembros de las antiguas ramas masculinas recuperaran su membresía familiar imperial. Cuando Abe llegó al poder archivó inmediatamente la propuesta de Noda.

En cualquier caso, el nacimiento de un sistema basado en una mujer emperatriz o un emperador de linaje femenino parece estar condenado al fracaso, sobre todo porque un debate en ese sentido no progresará mientras Shinzo Abe sea el primer ministro.

Un nuevo gabinete en busca de consensos

En septiembre, ante la reorganización de su gabinete, el primer ministro Shinzo Abe, también presidente del Partido Liberal Demócrata, trató de mantener la estabilidad de su gobierno al conservar a los principales miembros de su administración y a los ejecutivos del partido. Abe también miraba hacia el final de su mandato como líder del partido en septiembre de 2021, poniendo los toques finales a su largo periodo de trabajo, y prestó especial consideración a la asignación de puestos a las facciones del PLD que lo apoyaron en las elecciones de 2018.

La reorganización del gabinete reflejó la lógica interior de recompensar a los leales y hacer caso a los deseos de las principales facciones dentro del gobernante Partido Liberal Demócrata. Aunque 17 de los 19 miembros del gabinete fueron remplazados y 13 ministros recibieron puestos por vez primera, la nueva alineación no dio una impresión de frescura, sino todo lo contrario. La acción política rememoró la vieja usanza de repartición de puestos y de cotos de poder que alimentaban los acuerdos entre facciones dentro del PLD en los años en que ese partido tenía un dominio absoluto del sistema político. Abe reorganizó el gabinete y el equipo de liderazgo dentro del PLD el 11 de septiembre, en una medida para traducir los resultados de las elecciones de la Cámara Alta del mes de julio (“La coalición gobernante gana 71 escaños”, 2019).8

Con el lema de “asegurar la estabilidad y hacer frente a los desafíos”, Abe retuvo a los titulares de cuatro puestos clave del gabinete y del partido: el viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Taro Aso, el secretario principal del gabinete, Yoshihide Suga, el secretario general del PLD, Toshihiro Nikai, y el jefe de los estudios políticos del PLD, Fumio Kishida. Además, Abe seleccionó a Koichi Hagiuda, secretario general del PLD en funciones ejecutivas, como ministro de Educación, a pesar de su presunta participación en el escándalo de la Institución Educativa Kake, dirigida por un amigo cercano de Abe. Los movimientos hicieron suponer que los escándalos Moritomo y Kake, referidos con detalle en el Anuario Asia Pacífico de 2019, han sido superados y olvidados por su administración y que hay nuevos retos que afrontar (“El gabinete de Abe sobrevive”, 2019).

Seiichi Eto fue promovido del puesto de asesor especial de Abe a ministro de Estado encargado de promover la participación de todos los ciudadanos; es su primer puesto en el gabinete y ha sido una figura destacada de Nippon Kaigi (Conferencia de Japón), una organización conservadora ultranacionalista que se propone cambiar la conciencia nacional de la posguerra basada en la visión de la historia de los tribunales de Tokio como problema fundamental, revisar la Constitución y apoyar la educación patriótica con una interpretación nacionalista del Estado Shinto.9 Sanae Takaichi, otro aliado cercano de Abe, regresó al puesto de ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones y ha sido criticado por ejercer una fuerte presión política sobre las emisoras de radiodifusión.

A los miembros de la facción del PLD liderados por Shigeru Ishiba, el ex ministro de Defensa y secretario general del PLD, se les negaron puestos en una aparente represalia por la decisión del propio Ishiba de desafiar a Abe en las elecciones presidenciales del PLD en septiembre de 2018. Aunque, con el ánimo de conciliar, Abe nombró a Shinjiro Koizumi (elegido para la Cámara Baja en 2009 y heredero del territorio electoral de su padre, el ex primer ministro Junichiro Koizumi), quien había apoyado la candidatura de Ishiba en esa elección, como ministro de medio ambiente, la política de Abe de castigar a los políticos y grupos críticos con su liderazgo se mostró con claridad. Abe se aprovecha de Koizumi porque transmite su objetivo de presentar una alineación de estabilidad y desafío en esta ronda de nombramientos de personal, así como el deseo de fomentar la competencia entre sus posibles sucesores. Por cierto, en 2003, durante el gobierno de Junichiro Koizumi, Shinzo Abe fue nombrado secretario general del PLD, a pesar de estar apenas en su tercer mandato en la Cámara Baja. Luego fue nombrado secretario jefe del gabinete en 2005 y primer ministro en 2006, culminando un rápido ascenso al poder.

Aunque inicialmente se creía que con la reorganización de su gabinete Abe apostaría por una política férrea para impulsar su deseo de revisar la Constitución, en realidad se aseguró de colocar a los miembros menos conservadores del PLD en puestos parlamentarios clave, relacionados con la enmienda constitucional, con la sola esperanza de atraer a la oposición sobre el asunto. Sin embargo, el punto focal se centró en la frase de Abe en el sentido de que “Estoy decidido a lograrla ]la enmienda constitucional[ sin falta” (“Abe pretende revisar la Constitución”, 2019).

El desbordado optimismo de Abe encontró un cauce más moderado después de las elecciones, ante el hecho de que, para que se apruebe una revisión constitucional en la Dieta, se necesita superar otro gran obstáculo: obtener la aprobación de la mayoría de los votantes en un referéndum nacional. El PLD deberá buscar el apoyo no sólo de su aliado Komeito, sino de otros partidos políticos y también del público para que su propuesta sea bien recibida.10 Esa otra opción tampoco pareció factible, puesto que, en sus manifiestos para la elección de la Cámara de Consejeros, los partidos de oposición -el Partido Democrático Constitucional de Japón, el Partido Comunista Japonés y el Partido Socialdemócrata- dejaron claro que estaban en contra de regular a las Fuerzas de Autodefensa e incluirlas en el artículo 9 de la Constitución.

De igual manera, una pequeña muestra de querer lograr un contrapeso al gobierno de Abe se dio en octubre de 2019, cuando el Partido Democrático Constitucional del Japón (CDPJ), el Partido Democrático para el Pueblo (DPFP), el Partido Socialdemócrata (SDP) y el Grupo de Revisión de Política de Seguridad Social (grupo parlamentario en la Cámara de Representantes) notificaron la formación de un grupo orientado a consolidarse como un bloque unido, para enfrentar a la administración Abe y obtener un resultado que representara una sinergia positiva más allá del tamaño físico de la propia unión. Con un total de 61 legisladores en la Cámara de Consejeros y 120 en la Cámara Baja, la agrupación se convirtió en el mayor grupo de oposición de la Cámara Baja desde el lanzamiento del segundo gabinete de Abe.

La economía con Abe

En 2019 también se puso a prueba la oferta de la administración Abe para reactivar la economía, que en los últimos seis años ha tenido un éxito mixto. El actual ciclo de auge de la economía, que comenzó cuando Abe regresó al cargo de primer ministro en 2012, se convirtió en el periodo de expansión más largo de la posguerra. Sin embargo, el crecimiento anual promedio de la economía durante el ciclo de auge ha sido de apenas 1.2%. Si bien los beneficios corporativos aumentaron a niveles récord, ayudados por la depreciación del yen, bajo el estímulo monetario del Banco de Japón y la rápida demanda en el extranjero, los aumentos salariales han sido raquíticos, como lo demuestran la caída de la participación de la mano de obra en las empresas, los ingresos a un mínimo de 43 años, y el hecho de que el crecimiento del gasto de los consumidores se ha mantenido desigual y débil.

En octubre se aumentó el impuesto al consumo para llegar a 10%. Ese aumento había sido pospuesto dos veces desde que, en 2014, su alza a 8% causó una disminución del gasto de los consumidores y empujó la economía a la baja. El gobierno preparó, por tanto, un paquete de gastos para compensar el impacto del impuesto y, con ese mismo paquete, se implementaron medidas económicas por valor de más de dos billones de yenes, traducidos en inversiones en obras públicas, impuestos reducidos y un programa de puntos de recompensa. Con el aumento del impuesto al consumo, se introdujo un complicado sistema diferenciado de tipos impositivos. En el marco del sistema, la tasa impositiva para algunos alimentos y bebidas y las suscripciones a periódicos se mantiene aún en 8 por ciento.

La mayor complicación es sobre el tipo impositivo reducido y el sistema de recompensa de puntos. Un artículo del Yomiuri Shimbun detalló los puntos de recompensa que los consumidores pueden acumular en los próximos nueve meses para reducir su consumo de impuestos cuando usan tarjetas de crédito y dinero electrónico (“Prepárese para el alza de impuestos”, 2019). El gobierno quiere poner a Japón al día en términos de transacciones sin efectivo. En Japón, los consumidores con tarjetas de crédito las utilizan para 20% de sus compras, en comparación con 98% en Corea del Sur y 44% en los Estados Unidos, pero sólo las pequeñas y medianas empresas designadas pueden registrarse para el nuevo sistema sin efectivo.

Muchos de los cambios se están implementando para mejorar la transparencia. A pesar de que se puede entender como un “impuesto al consumo”, es realmente un impuesto sobre las ventas, ya que es el vendedor quien paga al gobierno y los minoristas pueden hacer trampa fácilmente, pues la documentación no se aplica estrictamente. En 2023, el gobierno planea implementar un sistema de facturas obligatorio como el utilizado en la Unión Europea, exigiendo a todas las empresas que compren nuevos equipos, lo que supone una carga mayor a las empresas más pequeñas, a menos que el gobierno decida subvencionar inversiones, como lo hacen ahora para los equipos a fin de facilitar los pagos sin efectivo.

Como parte de la propuesta, se concedieron también subvenciones para sustituir los costos y se modificaron las cajas registradoras, pero sólo alrededor de 40% de unos 300 000 operadores comerciales que son elegibles para las subvenciones las solicitaron a finales del mes de julio. El programa de puntos de recompensa estaba dirigido a cubrir los pagos sin efectivo en tiendas pequeñas y medianas. La tasa de reembolso sería de 5% en tiendas pequeñas y medianas y de 2% en tiendas propiedad de las principales cadenas, como tiendas de conveniencia. A partir del 29 de agosto, alrededor de 510 000 pequeñas y medianas tiendas solicitaron unirse al programa, lo que representaba sólo una cuarta parte de los aproximadamente dos millones de tiendas elegibles en total. Hubo muchas tiendas pequeñas y medianas que eran reacias a lidiar con los costos y el tiempo necesarios para cambiar y aceptar tarjetas de crédito u otro tipo de pago electrónico. Las medidas fueron un intento de apuntalar el gasto de los consumidores y de promover transacciones sin efectivo.

Desde su primer discurso de año nuevo ante la Dieta, en enero de 2019, Shinzo Abe defendió con vehemencia el aumento del impuesto al consumo al que calificó como “inevitablemente necesario para superar el envejecimiento de la población y construir un sistema pangeneracional de seguridad social” (“Abe defiende el alza de impuestos”, 2019). En un intento por alcanzar la tasa de natalidad deseada de 1.8, Abe señaló también un plan para hacer gratuita la educación preescolar y dar un paso similar en lo que respecta a la educación terciaria para las familias de bajos ingresos en 2020.

Citas

  1. Abe defiende el alza de impuestos al consumo como inevitable. Yomiuri Shimbun. 2019.
  2. Abe le debe una explicación a Japón sobre un acuerdo comercial con Trump. Mainichi Shimbun. 2019.
  3. Abe pretende revisar la Constitución tras la victoria electoral. Yomiuri Shimbun. 2019.
  4. APEC no logra llegar a un consenso mientras prevalece la división entre Estados Unidos y China. Reuters. 2018.
  5. El gabinete de Abe sobrevive a la moción de no confianza. Yomiuri Shimbun. 2019.
  6. El gobierno de Japón da la bienvenida al pacto comercial de Estados Unidos, los fabricantes de automóviles buscan más ayuda. Yomiuri Shimbun. 2019.
  7. El primer ministro Abe hace hincapié en las normas sobre el libre comercio en APEC, mientras Estados unidos y China intercambian pullas. Reuters. 2018.
  8. Yomiuri Shimbun. 2019.
  9. Mainichi Shimbun. 2018.
  10. Japón y los Estados Unidos buscan firmar un acuerdo comercial muy importante en septiembre. Mainichi Shimbun. 2019.
  11. La asociación económica de Japón y la Unión Europea apoya el orden en la era del proteccionismo de los Estados Unidos. Yomiuri Shimbun. 2019.
  12. La coalición gobernante gana 71 escaños en las elecciones de la Cámara Alta. Yomiuri Shimbun. 2019.
  13. Los costos de defensa de misiles a tierra del Aegis corren el riesgo de volar sin límites. Mainichi Shimbun. 2018.
  14. Prepárese para el alza de impuestos al consumo al final del mes. Yomiuri Shimbun. 2019.